3. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

  1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La Constitución española de 1978.

Título I. De los derechos y deberes fundamentales

Capítulo segundo. Derechos y libertades

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 25

2.- Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

“El fin primordial de las instituciones penitenciarias es la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad, así como la custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para los internos y liberados.” Ley Orgánica 1/1979. General Penitenciaria.

Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario:

Artículo 154  Permisos ordinarios 

1.  Se podrán conceder, previo informe preceptivo del Equipo Técnico, permisos de salida ordinarios de hasta siete días de duración como preparación para la vida en libertad, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los condenados clasificados en segundo o tercer grado respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta.

2.  Los límites máximos anuales de treinta y seis y cuarenta y ocho días de permisos antes señalados, se distribuirán, como regla general, en los dos semestres naturales de cada año, concediendo en cada uno de ellos hasta dieciocho y veinticuatro días, respectivamente.

3.  Dentro de los indicados límites no se computarán las salidas de fin de semana propias del régimen abierto ni las salidas programadas que se regulan en el artículo 114 de este Reglamento, ni los permisos extraordinarios regulados en el artículo siguiente

Los permisos de salida ordinarios son concebidos en la legislación penitenciaria como un instrumento idóneo para la preparación a la vida en libertad. Facilitan la reinserción, reducen los efectos negativos del encarcelamiento prolongado, y favorecen los vínculos familiares y sociales.  Son, por tanto, un elemento esencial del tratamiento penitenciario.

A pesar de estar recogida en la legislación penitenciaria, no se especifica a quien corresponde establecer el lugar de acogida. Es evidente en el caso de personas con apoyo familiar o social, pero en situaciones en que esté no exista no se define como llevar a cabo los permisos penitenciarios, aun siendo requisito del sistema  penitenciario,

En Granada no se dispone de recursos, para personas procedentes de prisión,  de casas o pisos de acogida para permisos, terceros grados y libertad condicional. Desde la Pastoral Penitenciaria, encontramos dificultades para responder a esta necesidad, a la vez que la consideramos fundamental en el proceso de inserción de personas privadas de libertad.

Para este colectivo los recursos que se ofrecen son muy limitados, y en relación con espacios donde llevar  a cumplimiento estos permisos penitenciarios, son inexistentes.

Siendo un requisito legal en el itinerario penitenciario, las Administraciones públicas no ofrecen ningún centro, piso o lugar de acogida para hacer efectivo este objetivo penal.

Las personas privadas de libertad sufren una clara discriminación, que se multiplica, cuando se trata de mujeres. Un alto porcentaje sufre problemas relacionados con la marginación social: ambientes deprivados social y/o culturalmente, familias desestructuradas, consumo de sustancias, dificultades de acceso al mercado laboral, estigma social por haber estado en prisión…

Las estancias en prisión, enlentecen o paralizan su proceso de socialización. Quedan desfasados de lo que ocurre fuera de los muros del centro penitenciario. Cuando las condenas son más extensas, el proceso de agudiza. Se produce un proceso de desarraigo, aislamiento social, discriminación y rechazo social.

Son personas con destrezas y habilidades limitadas o mermadas, que necesitan soportes y recursos sociales y laborales. Se hace precisa la articulación de políticas económicas y sociales que potencien su integración sociolaboral en un marco de sensibilización comunitaria.

En un alto porcentaje podemos aproximarnos a establecer un perfil. Entre los rasgos que los caracterizan están su bajo nivel cultural y/o formativo, familias desestructuradas, ausencia de modelos de conducta, vías rápidas de adquisición de dinero, relaciones peligrosas y/o consumo de sustancias.

Unas condiciones que hacen difícil su inserción laboral. Algunas personas ven con un optimismo desmedido el momento de la excarcelación, obviando su realidad de partida. Sin cualificación, sin experiencia laboral, y con los antecedentes delictivos, las posibilidades casi se evaporan. Y esto se agrava si quienes están en esta situación son mujeres.

Junto con esta realidad más social o laboral, está la familiar. Sin apoyo familiar, sin resortes sociales, el proceso se complejiza y se hace más cuesta arriba.

El más difícil todavía, es que sean mujeres extrajeras. Idioma, costumbres, arraigo. Los permisos en estas condiciones son más duros.

Estas situaciones nos aproximan a una realidad existente, ante la que se mira para otro lado, porque compromete. El Proyecto Abrazar, quiere llegar donde no hay nada ni nadie que ofrecer,  y ante lo que hay mucho por hacer.

     

 

 

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